Cárceles para todos y todas.

Según cifras oficiales, desde 2007 a la fecha, aumentó más de un 20% la población carcelaria; de la cual más de la mitad se encuentra sin condena y un 64% pertenece a la franja etaria de los 18 a 34 años. Fríos números que continúan en creciente ascenso en este modelo de industrialización diversificada con inclusión social. No por nada la última Emergencia de Seguridad decretada por el gobernador Daniel Scioli planifica la construcción de 8 alcaldías y 4 unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires, de donde provienen la mitad de los reclusos. El relato de la inclusión social a través de la educación y generación de nuevas oportunidades hacen agua ante las estadísticas represivas del Estado para quienes quedan excluídos del sistema u optan y/o son obligados a delinquir por la estructura corrupta de penitenciarios, policías, fiscales, jueces y funcionarios que se financian del narcotráfico, desarmaderos, trata de personas y otros delitos. Sólo el 7% de los cautivos ha terminado la educación secundaria mientras que el 65 % concluyó la escuela primaria. Únicamente el 37% participa de algún programa de educación formal. Un 80% al momento de ingresar al penal se encontraba desocupado (o trabajaba a tiempo parcial) y jamás participó de un programa de capacitación laboral. Un 45% de la población carcelaria se encuentra encerrada por robo y/o tentativa de robo (o sea, que ejerció violencia contra la cosa o víctima del hecho), un 20% por homicidio (en su mayoría dolosos), un 10% por infracción a la Ley 23.737 de drogas (la mayoría perejiles o mulas), otro 10% por violaciones y delitos contra la integridad sexual, un 9% por hurto y/o tentativa de hurto (generalmente del tipo escruche) y el resto en delitos menores contra las personas, presos políticos, étc. En la cárcel, donde el desviado debería ser rehabilitado para volver y respetar las reglas de convivencia de la sociedad, por el contrario, es marginado y hacinado a las peores condiciones humanas, volviendo a delinquir con mayor escuela y virulencia si logra sobrevivir a la experiencia, torturas y vejaciones. En tiempos que se debate un Nuevo Código Penal o la implementación o no de la mano dura, no se ha escuchado ninguna propuesta para cambiar o modificar la problemática carcelaria que arrastra décadas de decadencia en nuestro país. Deuda pendiente de una sociedad ombliguista que reacciona ante las consecuencias y no las causas del delito.

La mano dura y el fracaso de la inclusión.

La Emergencia de Seguridad que acaba de decretar el gobernador Daniel Scioli, que administra la provincia más rica de la Argentina desde 2007, pone en manifiesto el fracaso de las políticas de inclusión social,   educativas y de seguridad durante su alicaída gestión. Los miles de millones de pesos que se destinarán para la mano dura no se comparan a los millones que desembolsó, por ejemplo, en el último paro docente que dejó sin clases durante 18 días a más de 3 millones de pibes. A la vista queda que el camino de la inclusión a través de la educación y nuevas oportunidades poco importan. Cárceles, balas, armas, chalecos, patrulleros, cámaras, retirados de dudosa reputación y más recursos para reprimir el delito contra la propiedad y la integridad física, que se agravó con la última devaluación y ajuste, y lo más importante: para hacer nuevos negociados. Soluciones mágicas para los medios, que alimenta a pautas publicitarias, y nulas para la sociedad, que agradece el sinceramiento pero que descree de la justicia y de los gobernantes que administran los recursos. La inseguridad ya no es una sensación. Ahora se dieron vuelta todos. Existen unos pibes que son de bien y otros que nacen chorros. Y hasta promueven medidas idiotas, como prohibir circular libremente en motocicleta a dos personas. En la vida hay que elegir. O distribuimos o reprimimos. Y para reprimir hay fondos. Mientras, las migajas que deja la desactualizada Asignación Universal por Hijo, las cooperativas sociales, el fracasado Progresar, que apenas prendió al 20% de los ninis, y otros planes sociales; no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria que ya llegó a los $7000 y sigue en suba. La inflación se los devoró, antes incluso, de la devaluación de enero. ¿Van a ir tras los narcos argentinos que abrigaron a los compadres colombianos, mexicanos y peruanos? ¿Terminarán con la corrupción estructural -de policías, fiscales, jueces, funcionarios y barrabravas- que los llevó al poder? No. La seguridad se compra y se vende, al mejor postor camino al 2015. 

¿Quién decide los salarios, los trabajadores en lucha o el Fondo Monetario Internacional?

Entre 40 y 50 mil trabajadores docentes marcharon el pasado miércoles en La Plata en contra del ajuste implementado por el gobernador Daniel Scioli y el gobierno nacional. 

La mayor convocatoria que se vio desde 2001. 

Al paro por tiempo indeterminado que ya lleva 12 días con las aulas vacías y los chicos en casa, ahora se suma el cierre de las negociaciones, la ensuciada de cancha a través de hechos violentos y la posible actuación de la Justicia. Escasa cintura política del, hasta ayer, mejor candidato presidencial del Frente Para la Victoria para el 2015. 

Según los representantes de los gremios, el aumento por decreto del 30,9% alcanzaría sólo a un 20% de los trabajadores, mientras que un 80% percibiría sólo un 21% de aumento, en dos cuotas. 

Un dato: la inflación (más alta de Latinoamérica) del primer trimestre licuaría la primer cuota, mientras que la segunda se pagaría recién en septiembre.  

Al ajuste ya realizado a través del enfriamiento de la economía, previa devaluación y suba de las tasas de interés (que provocaron una escalada creciente en la suba de los precios y cierre de miles de empresas, por ende, pérdida de empleo), se agrega las indicaciones (más ajuste) de los organismos internacionales como el FMI y Club de París a los cuales iremos una vez más a endeudarnos para pagar más deudas. Y salvarnos de un nuevo estallido social.  

       

Compañero Chapo, ¡hasta la victoria siempre!

En una entrevista realizada por Seprin, el hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Ovidio Gúzman López, afirmó que su padre financió (con un gran número) la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner Presidente a cambio de expandir sus negocios en el país. Además, confirmó que el "Chapo" Gúzman estuvo (y fue bien recibido) en Argentina. La entrevista, que fue reproducida por decenas de medios mexicanos y del mundo, aún no ha llegado a los medios nacionales (¡gracias Ley de Medios!). De esta manera continúa desnudándose la presencia del cartel mexicano en Argentina, ya conocida por aquel laboratorio de metanfetamina descubierto en Ingeniero Maschwitz a cargo de Martinez Espinoza y de sus proveedores de efedrina: los finados Ferrón, Binna, Forza (Triple crimen de General Rodriguez) y Esteban Pérez Corradi, quien mandó a ultimarlos por los condenados hermanos Lanatta y Schillaci (cercanos al senador Aníbal Fernández y a Alejandro Giancristóforo en el Renar); sumado a los aportes de campaña y entramado de lavado de dinero entre las droguerías, financistas de baja calaña tipo Fariña y cooperativas financieras, una de ellas, Propyme de Guillermo Greppi, que, ¡oh casualidad!, nunca investigó nuestro gran juez argentino, Norberto Oyarbide. 

  

Solución a la crisis: Ajuste a los trabajadores.

Con un 25% de aumento a los salarios en las próximas paritarias, el trabajador pierde el 15% de sus ingresos contra el 40% de inflación pronosticado para este año. Y cualquiera sea la cifra (y los deslizamientos de precios provocados por la gran devaluación de los últimos 12 años), aumentarán más los precios de bienes y servicios al otro día de anunciado el acuerdo entre sindicatos, cámaras empresariales y/o Estado. Lo ideal sería igualar, al menos, las exageradas ganancias de multinacionales, commodities, bancos, casinos, financistas, inmobiliarias, productores y empresarios subsidiados, amigos, coimeros y otros grandes ganadores de la década pasada. Es de un gobierno neoliberal y antipopular cargar nuevamente el ajuste (ortodoxo o heterodoxo, es lo mismo) contra los trabajadores. Este razonamiento, claro, excluye al 40% de mano de obra en negro, esclavista, infantil e infrahumana que pueda el capitalismo construir en esta sociedad del Siglo XXI; a los retrasados planes sociales; a los jubilados; al más de millón de nini´s que no entraron en el Progresar; y a los pobres de la Asignación Universal por Hijo. Sólo la corrupción de los dirigentes sindicales y la represión, y posterior criminalización de la protesta social, provocarán una negociación no favorable para el pueblo trabajador y los excluídos mal incluídos. Bah, lo mismo de siempre. "La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa"  Karl Marx

¿Qué es un ajuste heterodoxo?

"¡Neoliberales! De ninguna manera vamos a enfriar la economía con un ajuste" Néstor Kirchner, 2007. 

Un ajuste heterodoxo es bajar los salarios por debajo de la inflación. Los jubilados obtuvieron un mísero 11% en su primer aumento del año cuando la inflación para el mismo rondará el 40%. El recorte también llegará a los sindicatos. “Techo razonable para las paritarias” le llaman.

Un ajuste heterodoxo es recortar el gasto público, perdón, la inversión en viviendas, rutas, étc, que generaban mano de obra en las provincias. Además, en el caso de las viviendas, paliaba el inmenso déficit habitacional (2.7 millones) que hoy se echó a la suerte en el devaluado Procrear. 

Un ajuste heterodoxo irremediablemente es subir impuestos. Empezando por los transportes, abl, inmobiliarios, de energía, étc. Si no lo han hecho hasta ahora es porque los subsidios y las malas condiciones de los servicios públicos, expuestos en los últimos golpes destituyentes de calor, provocarían una hecatombe en el clima social del país. 

Un ajuste heterodoxo pretende bajar las importaciones. Porque hay que bajar el consumo, por ende, la producción, que también utiliza insumos importados.  

Un ajuste heterodoxo es subir las tasas de interés con ese mismo sentido. Para que sean menos los que produzcan. 

Un ajuste heterodoxo provocará desempleo y aumentarán los más de 6500 criminalizados por protesta social.

Un ajuste heterodoxo militariza los grandes centros urbanos con Gendarmería Nacional porque crecerá la pobreza, la delincuencia y los presos (políticos). A pesar de la inclusión social.    

Un ajuste heterodoxo llama “reacomodamiento cambiario“ a la simple devaluación. Entiéndase ésta como la depreciación que realiza el Estado al valor del peso argentino por el gran alabado dólar estadounidense. 

O sea, menos comprarás con esos billetitos violetas que te da el cajero. Porque a mayor devaluación, mayor inflación (aumento de los precios).  

En definitiva, un ajuste hetedoroxo es enfriar la economía del modelo industrial con matriz diversificada, movilidad social ascendente e inclusión social. Es lo mismo que los demás ajustes ortodoxos pero con palabras bonitas. Y Asignación Universal por Hijo. Que hoy, cotiza a 15 kgs de pan por mes.

                                                                                                                                           

      

La culpa (siempre) es de los otros.

Productores de soja, banqueros (socios y grandes ganadores de la década, ¿ganada?), ahorristas para la inversión, desocupados e indigentes trabajadores piqueteros, pobres con AUH retrasada, pobres inundados, periodístas no oficialistas, defensores de los DDHH, gorilas anticorrupción, Shell, Disco, Garbarino, Walmart Nac&Pop, Coto, Jumbo, Carrefour, Frávega, Tinelli, Costa, "Don Pepe" el carnicero, "La Roty" (única almacenera de mi barrio), la panadera, el pochoclero frente al Gorosito, étc, étc, étc (como le gusta decir a Cristina); la culpa es de todos estos vendepatrias especuladores que generan mala onda e inflación. Inflación que desde el 2007 no deja de crecer en menos de dos dígitos, y que en 2013, por primera vez, sobrepasó el aumento salarial en cuotas otorgado a los trabajadores en paritarias. Y como viene la cosa, lo doblará para este 2014 generando más pobres e indigentes que las estadísticas, medios aliados y Gendarmeria callarán. Planificar hoy con inflación (consecuencia de la devaluación) es un castigo para cualquier empresa. Sea esta un puesto de choris o una fábrica automotriz. Y la improvisación del gobierno en medidas económicas no hacen más que generar mayor incertidumbre y menos puestos de trabajo. Ni los escraches a sus ex amigos y aliados comerciantes, ni los #7F (un fiasco al estilo #7D), ni los que vigilantean los supuestos "precios cuidados" (el que crea que controlando el precio de la coca cola y la lata de atún combate a la inflación y al imperialismo no es más que un forro, hoy usado por los inútiles del poder de turno) harán retomar las variables macroeconómicas del país para al menos sortear la devaluación que hicieron, justamente, para zafar. En estas circunstancias, donde la inversión no aparece (ni aparecerá con un gobierno en salida), sólo un endeudamiento externo (pasada mala palabra) para inyectar las obras públicas paradas generarán alivio en los reclamos y quemas de cubiertas; que ya empezaron con los obreros de la construcción, por ejemplo. Claro, eso si quieren llegar hasta el 10 de diciembre de 2015.